Brasil ha sido el país con el mayor número de asesinatos desde que Global Witness comenzó a informar sobre los defensores ambientales. Alrededor de un tercio de los 342 activistas asesinados desde 2012 eran indígenas o afrodescendientes, y más del 85% de los asesinatos se produjeron en la Amazonía brasileña.Los datos de Global Witness permiten conocer que siete de los diez países con el mayor número de asesinatos de personas defensoras de la tierra y medio ambiente entre 2012 y 2021 son latinoamericanos. Brasil, con 342 casos, es el país con más asesinatos en los últimos diez años.

Amazonía en disputa

La Amazonía se ha convertido en un escenario de creciente violencia e impunidad, que representa el campo de batalla donde se disputa la tierra y los recursos naturales. Esta lucha se intensificó tras la elección del presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro en (2019 – 2021).

Lamentablemente en el 2021 datos del Inpe complejizan el escenario. Un estudio realizado por la investigadora Luciana Gatti señala que la degradación de las políticas medioambientales en Brasil ha provocado que la Amazonía emita más carbono del que absorbe. Según la investigación, la zona que requiere más atención es el llamado “Arco de la Deforestación”, cercano a la frontera agrícola.

La parte brasileña del mayor bosque tropical del mundo perdió más de 11.500 kilómetros cuadrados entre agosto de 2021 y julio de 2022. Con esperanzas informaba el año pasado el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE) que la deforestación en la Amazonía había disminuido en el último año cuando los indicios apuntaban a un aumento. Sin embargo Ane Alencar, Directora científica del Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazonia (IPAM), ha declarado que “cualquier reducción en la deforestación es bienvenida”, según una nota. Pero inmediatamente ha advertido de que “esta reducción está lejos de representar una tendencia a la baja en la tala de bosques en la Amazonia”. 

Activistas en riesgo

Las víctimas de activistas van en aumento, los expertos señalan que es una combinación entre la retórica antiindígena del gobierno de Bolsonaro y el debilitamiento de las organizaciones ambientalistas, lo que en el 2021 provocó una oleada de invasiones y violencia.

Los activistas ambientales representan en muchos casos un problema para grupos criminales e intereses privados que buscan sacar provecho de sus territorios: también son incómodos para los Gobiernos, porque suelen interponerse en sus prioridades. Lo cierto es que la situación de riesgo mortal se proyectó hacia el año 2022, cuando al norte de la Amazonía brasileña, el periodista británico Dom Phillips y el ambientalista y defensor de los derechos indígenas Bruno Araujo Pereira fueron asesinados.

La desaparición de Dom Phillips y Bruno Araujo se denunció por primera vez el 5 de junio, habían recibido amenazas de muerte antes de su partida, según la Coordinadora de la Organización Indígena, conocida como UNIVAJA. Los hombres sabían de los ataques que ocurrían en la zona, a menudo violentos, por parte de mineros ilegales, cazadores, madereros y narcotraficantes en la zona, pero se dedicaban igualmente a denunciar cómo esta actividad se estaba tomando las áreas silvestres protegidas de Brasil y poniendo en peligro a sus pueblos indígenas además de acelerar la deforestación.

Un informe de Human Rights Watch reveló que desde 2009 hubo más de 300 muertes relacionadas con conflictos por la tierra en la Amazonía brasileña, de las cuales solo 14 (el 5 %) fueron llevadas a juicio.

La situación de Brasil y de muchos países de Latinoamérica parece ser una guerra que no ha parado de crecer. Te invitamos a tomar acción y a enviar el tweet que te dejamos a continuación para que el nuevo gobierno de Brasil le dé prioridad a este tema.