Aquellos rastros confirmados con la primera publicación del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) durante 2021, han determinado la cruda huella de siglos de contaminación humana, así lo ratificaron cientos de científicos que participaron de este primer Informe titulado: “Bases Físicas del Cambio Climático” (1) parte de lo que compondrá el sexto Reporte de la organización. La profunda responsabilidad en la acción humana por primera vez es despejada de cualquier duda científica, iniciando un revuelo de información con noticias alrededor del mundo sobre desastres naturales con cada vez mayor alcance, mostrándonos en virales de TikTok, Tweets, o Reels inundaciones que no creímos llegarían a los vagones del metro, o fuertes e incontrolables incendios debido al azote de las altas temperaturas, reflejo de la aguda crisis climática. 

Sobre este escenario de catástrofe, la migración climática fue visibilizando de manera creciente la necesidad de definir nuevas estructuras legales, capaces de sostener las olas de personas que han debido abandonar sus hogares por efectos del clima, la contaminación y sus consecuencias. Tanto en un corto como en un largo plazo, las organizaciones e instituciones han observado los diferentes factores que comprenden estas movilizaciones, sus múltiples requerimientos, como a su vez la diversidad de condiciones de Latinoamérica y el Caribe que amplían la vulnerabilidad a estos eventos hacia el sur global. 

Un segundo Informe del IPCC (2022): “Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad” da cuenta de esta problemática, registrando los vínculos entre el incremento de la vulnerabilidad por medio del “desplazamiento y migración involuntaria”(2) debido a “fenómenos meteorológicos y climáticos extremos”(3), así esta crisis climática tendría una directa incidencia en zonas menos preparadas para la adaptación, produciendo estos movimientos de olas migratorias.